Usted está aquí

Violencia Institucional-

En la Sección de “Noticias” de la página web del Poder Judicial y bajo el título “Jueza Vega dispuso que hijos de familia asolada por VD queden a cargo de sus abuelos”,  se comunica los procedimientos judiciales vinculados a los hijas/os de la Sra. Valeria Sosa, en los siguientes términos:

07.02.17, de DICOMI-SCJ.- La Jueza Letrada de Familia Especializado de 8º Turno, Dra. Alicia Vega, resolvió que los hijos del policía que mató a su ex pareja de un disparo el 30 de enero permanezcan provisoriamente con los abuelos paternos mientras los interesados dilucidan la situación en el juzgado de Familia común que corresponda.

El día 31 de enero del corriente año, a la hora 00:15, desde Seccional 6º de Policía, se comunicó telefónicamente a la Dra. Vega que la señora V.L.S.O. había sido ultimada en su domicilio por su ex cónyuge. Esta comunicación fue ordenada por el juez penal actuante (Dr. Gustavo Iribarren) a efectos de que se dispusiera respecto de la situación de los dos menores hijos de la fallecida, de 7 y 11 años respectivamente. Antes de entregarse a la autoridad policial, el victimario trasladó a los niños al domicilio de los abuelos paternos, dejándolos al cuidado de los mismos.

A criterio de la jueza, no correspondía intervenir en el discernimiento de la tutela y/o tenencia porque la competencia del juzgado de Familia Especializado se reduce a situaciones de urgencia, correspondiendo tomar esa decisión en un juzgado de Familia común, estándose a la comparencia de los interesados.

La Dra. Vega destaca que, ante la trágica situación vivida por los niños, no es prudente revictimizarlos en el sistema judicial, conduciéndolos a una audiencia para tomarles declaración, ya que este medida agudizaría la angustia que ya experimentan por la pérdida de su madre en condiciones verdaderamente ominosas.

Respecto de la fallecida V.L.S.O. no surgen registradas denuncias ante la sede de la jueza Vega, así como tampoco ante ninguna otra con anterioridad, tal como surge verificado en el sistema de gestión SGSP, a pesar de que la víctima habría formulado denuncia el 21/11/2015.

 

La comunicación oficial emitida se reduce a cristalizar cual ha sido y aún es el posicionamiento del sistema de justicia en relación a la situación de vulneración de derechos en la que se encuentran los niñas/os hijas/os de personas que ejercen violencia de género. Este accionar da cuenta de la omisión de garantizar el acceso a la justicia, mediante un recurso judicial de naturaleza cautelar, sencillo, rápido y accesible, capaz de funcionar como un remedio idóneo y efectivo ante la situación.

La omisión del sistema se aparta de  todas las previsiones normativas que contiene nuestro sistema jurídico. Resulta altamente preocupante que el Poder judicial intente mediante su comunicado justificar, lo injustificable por ilegitimo y arbitrario. El nudo critico de este accionar no radica en los elementos que la comunicación oficial rescata: ni la hora de la comunicación, ni las buenas intenciones de la jueza interviniente,  ni que el asesino los haya dejado con quien quiso, ni la audiencia que no fue. En definitiva lo esencial no se reconoce y con ello el Poder Judicial pierde la buena oportunidad de saberse en omisión de sus obligaciones y en virtud de ello implementar las medidas capaces de revertir la situación que se generó y corregir a futuro el desajuste de su respuesta.

En la Petición constitucional presentada en el año 2012 por más de 100 organizaciones se señalaba que la negativa a aplicar la ley de violencia doméstica en los casos de niños/as no dan una respuesta integral, dilatan en el tiempo e ilegítimamente la protección debida a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, y en ocasiones se las revictimiza. La Acordada Nº 7755 aprobada por la SCJ en respuesta a dicha petición recoge la conveniencia de dar una respuesta integral e inmediata.

El ejercicio de la violencia se sustenta en la existencia de mecanismos de dominación que modelan las decisiones que se adopten en la familia. Los hijos/as en estas situaciones son objetos de estos ejercicios de dominación y por ende víctimas.  El Poder Judicial parece asumir que la violencia en la pareja no afecta a los hijas/os y esto es desconocer los mecanismos de dominación que existen en estas situaciones.

Sin perjuicio de los procedimientos judiciales  y de las acciones de defensa que estén pendientes, el Poder Judicial debió aplicar todos los recursos legales y  mecanismos necesarios para prevenir, proteger, sancionar y reparar la violencia sufrida por los niños involucrados en la situación. No lo hizo y no lo hace, por lo cual la violencia que hoy enfrentan esos niños supera ampliamente la conocida revictimización, y encuadra en un caso de violencia institucional.

Lo más grave es que esa violencia procede del sistema de justicia. El mismo que debería garantizar a las personas, la protección que las normas les dispensan.