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Independencia Judicial- Audiencia ante la CIDH

 

Durante la audiencia ( https://www.youtube.com/watch?v=ULzHQp3wdSE) sobre independencia judicial las abogadas Tania da Rosa (CAinfo) y Marina Morelli (Mujer Ahora) representaron a más de 130 organizaciones de la sociedad civil uruguaya que plantearon la preocupación por la falta de transparencia en la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el máximo órgano judicial del país.  
El foco del planteo estuvo centrado en la negociación política que precede a la designación, que se realiza de espaldas a la sociedad y sin posibilidad de presentar propuestas alternativas o cuestionar la idoneidad de los elegidos por el sistema político.  Las abogadas plantearon preguntas como ¿de dónde parten las candidaturas?, ¿ante quién se presentan las propuestas? o ¿cuáles son los criterios para evaluar a los candidatos propuestos?, aspectos que son ignorados en el actual sistema de elección.  Un proceso opaco, cuyo núcleo duro es la negociación política partidaria, desarrollada  entre cuatro paredes, que se realiza de principio a fin en el más absoluto secretismo, sin transparencia, sin participación ciudadana, ni rendición de cuentas posterior, que nos permitan saber cuáles han sido los criterios objetivos y las razones por las cuales se entiende que determinada persona - y no otra-  es la más capaz para desempeñar tan al alto y noble cargo.
 
A la interna país, la coalición de organizaciones impetramos en 2014  una Acción de Petición Constitucional ante la Asamblea General, reclamando se erradique la práctica y en su lugar  propusimos un mecanismo concreto que, entendemos, permite implementar de manera efectiva y oportuna un procedimiento participativo y transparente. Para ello, nos basamos en el marco normativo existente, por lo cual, no se requiere ninguna reforma constitucional, ni promulgar leyes nuevas y tampoco mayores recursos humanos ni materiales. El Parlamento archivó la Petición, sin estudio previo. Por esta razón, resolvimos en junio de 2015, reiterarla, volviendo a comparecer ante la Asamblea General con idéntico petitorio, aún a estudio del parlamento, que no se ha expedido ni brindado  ninguna respuesta formal como entendemos correspondía ante la seriedad de nuestro planteo.
 
En el marco de esta acción llevada a cabo ante el órgano legislativo, las organizaciones peticionarias, concretamente hemos solicitado a la Asamblea General del Poder Legislativo que proceda a la creación de una Comisión Especial Bicameral con las siguientes competencias: 
 
En primer lugar, recepcionar las propuestas de personas que aspiran a ocupar el cargo de ministro/a de la Suprema Corte de Justicia y sus currículums, así como la lista de magistrados/as del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal que, eventualmente podrían acceder al cargo vacante en virtud de su antigüedad (para el caso de no alcanzarse la mayoría constitucional exigida para la designación del cargo) y sus currículums.
 
En segundo lugar, hemos planteado que esta Comisión debería estudiar y evaluar los méritos de todas las personas aspirantes y de quienes integran el listado indicativo de antigüedad. Asimismo hemos propuesto que en el marco de este estudio, la Comisión reciba la opinión fundada del Poder Judicial, del Ministerio Público y Fiscal, de operadores jurídicos y de la sociedad civil organizada.
 
En tercer lugar, en base a todos los elementos recabados la Comisión debería elaborar informes con las conclusiones a las que arribe y elevarlos a la Asamblea General, en el plazo que ésta  fije de conformidad con el Reglamento de la Asamblea General.
 
En cuarto término, hemos enfatizado la importancia de garantizar el acceso a la información sobre todo el proceso que lleve a cabo la Comisión para lo cual ésta deberá adoptar las medidas que sean efectivas y necesarias para garantizar el acceso oportuno a la misma a través de mecanismos de transparencia activa y otros. El procedimiento debe ser abierto al escrutinio público.
 
Al fundamentar nuestra petición hemos hecho especial referencia a la importancia de que el Parlamento Nacional adopte las recomendaciones que la Comisión Interamericana ha venido formulado en la materia y que han sido sistamatizadas en el año 2013 en el informe Garantías para la independencia de los y las operadores de justicia.  Particularmente, hemos subrayado que el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento, debe ser la elección de los candidatos con base al mérito personal y su capacidad profesional, la cual debe ser valorada a través de criterios objetivos que deben ser conocidos por la ciudadanía.
 
Tal como ha indicado la Comisión Interamericana, la independencia del Poder Judicial debe ser respetada y garantizada tanto normativamente como en la práctica entre otras formas, “con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes”. Queremos subrayar que el mecanismo que hemos planteado puede ser implementado en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en el país.  La decisión y la designación siguen siendo indudablemente potestad exclusiva de la Asamblea General del Poder Legislativo.
 
Habiendo transcurrido mas de 900 días, el Parlamento uruguayo no ha dado respuesta a la Petición y continuó su práctica de elección renovando la composición mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia.
 
Desde la sociedad civil tomamos como datos de contexto y realidad, el lugar destacado que ocupa nuestro país en algunos rankings internacionales, pero a la vez consideramos que lejos de ser un aliciente para mantener el estatus quo, el reconocimiento del que goza la democracia uruguaya y sus poderes, comparativamente en la región, debe ser un estímulo para que el Estado honre sus compromisos internacionales. Por lo cual, esperabamos que el diálogo y la discusión con el Estado en el marco de la audiencia trascendiera la lógica de los índices y permitiera analizar en profundidad las cuestiones que planteamos y hacen en definitiva a un componente fundamental del diseño institucional vinculado a las garantías para la independencia judicial. Lamentablemente, el Estado uruguayo no compareció ante la comisión a responder los planteos de la sociedad civil, lo cual generó molestia, preocupación y sorpresa entre los comisionados, quienes en el comunicado oficial destacaron: " La Comisión Interamericana destaca la importancia de que los Estados participen en todas las audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región. El sistema Interamericano de derechos humanos se fortalece con la participación activa de Estado, víctima y sus representantes y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la Comisión lamenta que el Estado de Uruguay no haya participado de dos de las tres audiencias a las que fue convocado, una de ella sobre independencia judicial y la otra sobre operadores de justicia y defensores de derechos humanos del proceso de justicia transicional en dicho país". Comunicado Anexo: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/070A.asp

 

Crédito de fotos: CIDH https://www.flickr.com/photos/cidh/34502641960/in/album-72157682066370041/

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