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Acción de Petición -

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Consideramos que los sistemas de justicia de cualquier país, juegan un rol vital en el respeto y fortalecimiento de la democracia. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a participar en el diseño de las políticas estatales de justicia. En otras palabras, tenemos derecho a discutir qué tipo de justicia queremos darnos y aportar elementos que favorezcan a un proceso que si bien, resulta incipiente en Uruguay, es ineludible transitarlo.

El contexto que generó la primera fase del proyecto, nos permitió, comprometió y desafió a continuar avanzando, con el objetivo de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos de las mujeres.  Las intervenciones y acciones estatales deben garantizar “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres” (CIDH).

Así, se comenzó en octubre de 2011 la ejecución de la ‘Segunda Fase’ delProyecto“Es Tiempo de Justicia de Género”,  centrada en realizar una  acción de PETICION de rango constitucional ante la Suprema Corte de Justicia como órgano de máxima jerarquía del Poder Judicial, referida a los derechos humanos de las mujeres. En esta ocasión, específicamente a la respuesta del sistema de justicia ante situaciones de violencia familiar o doméstica que regula la Ley Numero 17.514.

La Petición fundada en el Articulo 30 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay,  es impetrada por personas referentes en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, y por más de 90 organizaciones, grupos, colectivos y redes  que las nuclean y trabajan  en la materia.

Es la primera acción de su naturaleza que se lleva a cabo ante el órgano de justicia, a quien se le pide  un pronunciamiento mediante Acordada, en relación a prácticas forenses que no se ajustan a la legislación nacional e internacional vigente y deben ser erradicadas de nuestros tribunales.

La petición incoada contiene argumentación jurídica en torno:

·          al ineludible proceso de participación ciudadana en las políticas estatales de justicia;

·          al marco normativo de fuente internacional y nacional vigente en materia de derechos humanos de las mujeres y específicamente al derecho humano a vivir una vida libre de violencia;

·         a las recomendaciones realizadas al Estado Uruguayo por organismos internacionales;

·         la competencia de la Suprema Corte de Justicia para dictar Acordadas para el funcionamiento del Poder Judicial y el cumplimiento efectivo de la función jurisdiccional;

·         la identificación de las practicas forenses detectadas por las organización sociales, y deben erradicadas del sistema de justicia nacional.

Prácticas sobre las cuales se pide pronunciamiento para su erradicación:

[i]Confrontación.-

[ii]Medidas Simbólicas.-

[iii]Medidas de Protección Recíprocas.-

[iv]Incumplimiento a las Medidas Cautelares.-

[v]Resoluciones Infundadas.-

[vi]Resoluciones Telefónicas.

[vii]Supervisor de las Medidas

[viii]Indebida Multiplicidad de Procesos

[ix]Omisión de comunicación ante conductas con apariencia delictiva.-

[x]Ordinarización del proceso.-

[xi]Arbitraria inaplicabilidad de la norma por supuesta inconstitucionalidad.-

[xii]Modo de finalización de los asuntos.

[i] Confrontación.-

Bajo el principio orientador de la prevención de la victimización secundaria, el Artículo 18 de la Ley 17.514 prohíbe la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor. Dicha prohibición es de carácter absoluto en aquellos casos de víctimas niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, asegurándose así que bajo ninguna circunstancia se los confronte con su agresor.  Y en el caso de la  víctima adulta la ley prevé de forma taxativa la única hipótesis en la cual se podrá llevar a cabo. Para ello es necesario: 1°) se requiera la confrontación; y 2°) se certifique con antelación que la víctima está en condiciones de realizarla.

Pese a la claridad de la norma que regula  la excepcionalidad del instituto  y sólo lo habilita bajo estricto cumplimiento de algunos requisitos, la experiencia forense indica que la confrontación o comparecimiento conjunto, constituye una práctica común en nuestros Tribunales. Entendemos que ello viola la norma y el principio orientador de la misma. En este sentido, oportunamente peticionaremos al máximo órgano de nuestro Poder Judicial, tome en consideración que diariamente cientos de victimas sobrevivientes de violencia familiar son confrontadas con sus agresores, sin ninguna garantía que aquellas estén en condiciones de hacerlo. Este aspecto merece un pronunciamiento inmediato que determine un cambio radical en el proceder judicial, debiendo los Decisores ceñirse estrictamente al mandato legal.

 

[ii] Medidas Simbólicas.-

Surge de los Artículos 9 y 10 de la Ley N°17.514, que en nuestro sistema legal quedaron instituidas las medidas de protección, como aquellas que deben decretarse de inmediato y en forma fundada, toda vez que se acredite que un derecho intrínseco al ser humano se vea vulnerado o amenazado. Estas medidas deben ser tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. Para ello la ley enuncia un número limitado de medidas para el cumplimiento de la finalidad cautelar, y faculta al Tribunal a adoptar otras análogas.

Pronunciamientos infundados (lo que impide conocer  la razón y argumento que la motiva),  tales como ‘intímese a las partes a evitar conflictos’, o ‘intímese a las partes a mantener la armonía familiar’, ´severos apercibimientos´, constituyen una practica forense generalizada y habitual. Entendemos que se trata de resoluciones meramente formales, que resultan inútiles e insuficientes para la protección de la víctima y que conceptualizan de manera errónea la violencia familiar, en el entendido que refiere a un conflicto entre partes. Pronunciamientos de tal naturaleza perpetúan la falsa creencia que la víctima de violencia doméstica tiene la culpa del maltrato que recibe al considerarla como sujeto capaz de poder evitarlo, generando además, un sentimiento de desconfianza, inseguridad y desprotección en el sistema de justicia. No escapara al fino criterio de los Ministros que dichas resoluciones y otras de similar contenido, no constituyen medida cautelar alguna, y por ende son respuestas del sistema que no se ajustan a derecho. Deviene imprescindible la intervención del máximo órgano a efectos de erradicar pronunciamientos como los enunciados.

 

[iii] Medidas de Protección Recíprocas.-

Surge del Artículo 10 de la Ley N°17.514 que las prohibiciones, limitaciones, restricciones u obligaciones afectan al agresor, al punto de reiterarlo en cada uno de los numerales que componen el mencionado articulo: ´ Disponer el retiro del agresor…´, ´ Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor…´, ´Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse…´, ´ Incautar las armas que el agresor…´, ´Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego…´, ´Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación…´.

Pese a que la legislación vigente y aplicable a la materia es clara en la naturaleza de la medida cautelar y a quien afecta la misma, existe como practica extendida la adopción de las denominadas ‘medidas de protección recíprocas’. Bajo el imperio de esa clase de resoluciones, el agresor recibe protección, y la victima restricciones o limitaciones a sus derechos, y viceversa. La reciprocidad torna a la práctica en francamente ilegitima, siendo en la actualidad uno de los obstáculos mas serios para el goce del derecho de acceso a la justicia.

Consideramos que es necesario revertir la mencionada práctica forense, ya que las medidas cautelares deben ser siempre medidas afirmativas de protección a las víctimas de violencia doméstica dirigidas a devolverles la seguridad. Emitir una orden que prohíba, limite o restrinja sus derechos las estigmatiza, vulnera su autoestima y las humilla. Por otra parte, fortalece al agresor otorgándole una poderosa herramienta para manipular a la victima y continuar controlando la situación al haber sido beneficiado con medidas que le protegen. Disponer medidas de protección reciprocas, además de apartarse de la norma y tornar carente de lógica a todo el sistema de protección, equivale a considerar la violencia doméstica como algo tan insignificante que no merece ni siquiera, la atención ni el tiempo de los tribunales, para propósitos de identificar a la persona agresora.

 

[iv] Incumplimiento a las Medidas Cautelares.-

 El Artículo 11 párrafo segundo de la Ley N° 17514 dispone “ Si las medidas dispuestas no se cumplen, el Juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21.3, 374.1, 374.2 y 374.4 del Código General del Proceso”. Sin perjuicio de ello, de oficio o a pedido de la víctima puede imponer al agresor sanciones pecuniarias conminativas tendientes a obtener el cumplimiento fijando una cantidad de dinero a pagar por cada día que se demore el mismo. Estas medidas coadyuvan a lograr la efectividad de las resoluciones judiciales. El orden institucional depende en gran medida que las decisiones de los tribunales sean acatadas. Por esta, entre otras razones, ante el incumplimiento de sus providencias, debe el Tribunal imponer conminaciones de naturaleza personal, y puede imponer las de naturaleza pecuniaria, dando cuenta -además- a la sede con competencia en materia penal si se encuentra ante un hecho con apariencia delictiva.

La practica forense revela que en situaciones de violación a las medidas cautelares, aun aquellas contumaces, reiteradas y sistemáticas, se sustituye a la aplicación de sanciones que prevé la norma, por el dictado de resoluciones tales como: ‘intímese al denunciado a cumplir con las medidas cautelares dispuestas’ o ‘cúmplase con lo oportunamente dispuesto bajo apercibimiento de desacato’. En aquellos casos en los cuales se noticia a la sede penal luego de múltiples denuncias de incumplimiento a la medida de prohibición de acercamiento, se han dictado autos de procesamiento considerando la existencia de elementos de convicción suficientes para imputar la comisión de un delito de desacato, pero como medida sustitutiva a la prisión se decreta la prohibición de acercamiento a la víctima. Esto es, idéntica prohibición que ya incumplió y motivo la intervención penal.

Consideramos que es necesario revertir las mencionadas prácticas, pues la hipótesis que cualquier persona desacate una resolución judicial sin que se la responsabilice de esa conducta, o se le conmine a revertirla, genera una situación de impunidad, inaceptable en nuestro sistema y a la luz de la normativa legal vigente y aplicable a la materia que nos ocupa. Dicha problemática puede ser observada, limitando el análisis a las gravísimas consecuencias que se derivan para la víctima y al empoderamiento del victimario, cuyo proceder se legitima ante la ausencia de sanción. Es de público conocimiento el nexo causal existente entre la situación descripta y el asesinato de mujeres amparadas por medidas de protección cuyo incumplimiento denunciaron reiteradas veces, extremo que ha sido observado por el Cómite para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, en el periodo 2004 – 2010  el 74% de los homicidios de mujeres ocurren en situaciones de violencia doméstica según relevó el Informe del Centro de Archivo y Acceso a la información Pública (Cainfo) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual presentado en marzo de 2012. Estos hechos también pueden ser observados en un marco más general para considerar el riesgo de lesionar la razón de ser del Órgano Poder Judicial por parte de sus propios agentes. No se logra concebir un Poder Judicial que juzgue pero no muestre interés en hacer ejecutar lo juzgado. Erradicar el más mínimo riesgo a este respecto es lo que oportunamente se peticionara al máximo órgano del poder estatal.

 

[v] Resoluciones Infundadas.-

 El Artículo 10 in fine de la Ley 17.514 dispone que: “...En caso de que el Juez decida no adoptar medida alguna, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación”. Asimismo, el Artículo 13 in fine ordena “... Siempre que se acredite que un derecho intrínseco al ser humano se vea vulnerado o amenazado, elJuez deberá, de inmediato, decretar las medidas cautelares que correspondan, en forma fundada”. En consecuencia las resoluciones deben ser fundadas en todos los casos: decida adoptar o no, medidas de protección. El fundamento tiene relación con las razones jurídicas que conducen a un Juez o Jueza a resolver la situación puesta en su conocimiento de determinada forma y no de otra. La norma prohíbe que esa razón permanezca en el fuero interno del funcionario público, obligándolo a explicitarla. Se constituye así, en una indispensable garantía para todos los intervinientes en el proceso judicial. Por su parte, la ley procesal aplicable a los casos de violencia familiar, claramente establece los requisitos que se deben cumplir a efectos que el pronunciamiento sea valido, desde el punto de vista jurídico.

Sin embargo y pese a la claridad de la disposiciones sustanciales y procesales, en la practica forense se observa resoluciones tales como: “Concurra la denunciante por la vía procesal pertinente”, o “Compartiendo la vista fiscal. Archívese”, o “Prohíbase al denunciado el acercamiento a la denunciante en un radio no menor a los 200 metros. Notifíquese”, o “Decretase la exclusión del denunciado del hogar común. Cometiéndose”.

 Oportunamente, habrá de peticionarse a los Ministros un pronunciamiento tendiente a revertir la situación descripta. No puede escapar a la convicción de los integrantes de ese órgano que en el fundamento jurídico reposa la plenitud del ordenamiento jurídico y todo lo que el mismo sustenta. Fundamentar algo jurídicamente, importa develar la razón de ser de ese algo, así como también determinar el origen y el sentido de lo que se pretende fundar. Es tarea de los Decisores/as la subjunción necesaria entre los supuestos de hecho y presupuestos jurídicos de la cual extraer la conclusión que además, debe explicitarse mediante una argumentación sometida a las reglas del razonamiento.

 

[vi] Resoluciones Telefónicas.

Son formalmente reconocidas en el ámbito judicial como ‘resoluciones telefónicas’, y se generan cuando los Tribunales reciben la noticia por parte del sistema policial y la comunican al mismo, para que finalmente tomen conocimiento denunciante y denunciado. Esta práctica revela una franca confusión entre lo que es la resolución -que obviamente deberá ser dictada con la urgencia que el caso lo requiera- y la forma de comunicación. Las consecuencias de iure se dan - a modo de ejemplo- al tiempo de intervenir la sede penal por denuncias de incumplimiento a la medidas cautelares. Se requiere  la resolución de su adopción y la misma no existe en la forma y con el contenido que la ley impone. Otra consecuencia es que impide el ejercicio de defensa por quien resulta afectado por la resolución y pretende la modificación mediante los recursos.

Oportunamente peticionaremos que se revierta la situación planteada, explicitándose por parte de la Suprema Corte de Justicia que los Tribunales deben cumplir los requisitos legales de forma y sustancia para dictar un pronunciamiento judicial valido. Una cuestión distinta y meramente operativa e instrumental, es el medio del cual se valen para comunicar dichas resoluciones, mail, fax, teléfono, cedulón etc. Incorporar como practica ‘resoluciones telefónicas’, tiene implicancias que superan lo meramente formal e imprime un sesgo al sistema, que culmina perjudicando a la víctima sobreviviente que recurre a pedir garantías a su seguridad y a su vida. Aún cuando in limine se obtenga protección formal, se obstaculiza su eficacia.

 

[vii] Supervisor de las Medidas

El Artículo 11 de la Ley 17.514 obliga al Decisor/a en todos los casos a ordenar al Alguacil o a quien entienda conveniente, la supervisión del cumplimiento de la medida adoptada. Esa orden y designación debe efectivizarse al tiempo de adopción de las medidas. Al tenor de la Ley, el supervisor cumplirá con la tarea a su cargo durante el lapso de diez días que debería mediar hasta la celebración de audiencia evaluatoria.

En la practica los Tribunales adoptan medidas de protección sin designar en la propia resolución al supervisor de las mismas, y en pocos casos sustituyendo la previsión legal por un pedido de informe a policía comunitaria. La elevada omisión de supervisión sumada a la modalidad que adopta cuando se efectiviza, provoca que en la aplicación sea inexistente la figura del ‘supervisor’ como auxiliar de la Justicia y en los términos que la ley lo prevé. Si bien, las consecuencias son variadas, nos interesa entre ellas destacar que en la practica el expediente judicial se mantiene ajeno a la realidad, aunque la ley le aseguraría un nexo con la misma, de mediar designación de Supervisor.

 

[viii] Indebida Multiplicidad de Procesos

La Ley N° 17.707 en su Articulo 1 faculta a la Suprema Corte de Justicia para proceder a la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia de la Capital en Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia con especialización en Violencia Doméstica. Por la Acordada  N° 7535 de diciembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia resolvió: Artículo 1°.- Instalación. Decláranse instalados a partir del día 13 de diciembre de 2004 los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia Especializados de Primero y Segundo Turno y de Tercer y Cuarto Turno que funcionarán en régimen de dos Oficinas con doble despacho.- Artículo 2º.- Competencia. Serán competentes en el Departamento de Montevideo para entender en los casos previstos en la ley de Violencia Doméstica Nº 17.514 (artículos 1 a 21) y Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823).

En la práctica se ha detectado que ante situaciones de violencia hacia las mujeres y hacia niños, niñas y adolescentes que son parte de una misma familia, se generan dos expedientes uno por la Ley N° 17.514 y otro por el Código de la Niñez y la Adolescencia. La separación formal de una misma situación determina decisiones aisladas que no dan una respuesta integral y en algunos casos son contradictorias, dilata en el tiempo e ilegítimamente la protección debida a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, y en ocasiones   se las revictimiza. Por otro lado implica que varios magistrados/as estén interviniendo en la misma situación sin que exista una coordinación. La ilegitimidad de la practica, obedece además, a la errónea postura que sostiene la inaplicabilidad de la Ley N° 17.514  a quienes tengan menos de dieciocho años de edad, posición que no resiste el menor análisis jurídico a la luz de la normativa. Consideramos que la mencionada práctica forense debe revertirse y ante situaciones de violencia familiar que afecten derechos humanos de personas, sean mayores o menores de edad, el sistema de justicia debe dar una respuesta inmediata.

 

[ix] Omisión de comunicación ante conductas con apariencia delictiva.-

Existe una práctica forense, en la cual la sanción prevista como regla normativa, culminaría siendo una excepción -más allá del delito de desacato- cuando tiene relación con actos de violencia familiar. La previsión legal ‘constituyan o no delito’ es absolutamente protectora de las víctimas y no se relaciona a ninguna especie de exoneración de obligación estatal de investigar. Sin embargo, hay hipótesis de hecho que no son valoradas en el campo sancionatorio, y para las cuales la ley es utilizada como un escudo de invisibilizacion, dejando impunes algunas conductas delictivas por el solo hecho de sucederse en el ámbito doméstico. 

La ley N° 17.514 no derogo ningún delito. El abuso de firma en blanco, daño, violación de correspondencia escrita, interceptación de noticia telefónica, violación de domicilio, privación de libertad, amenazas, entre otros, se suceden a menudo en la ejecución de actos de violencia en los que interviene el juez con competencia en la ley N° 17.514 y de los que no se dan cuenta a la sede con competencia en materia penal, omitiendo su obligación (Art. 177 del Código Penal y 21 de la Ley N° 17.514) Todo lo cual estimamos requiere revertirse, estableciéndose de manera clara que ante el análisis de cada situación y de surgir actos con apariencia delictiva los mismos deben obligatoriamente  ser comunicados a la sede con competencia en materia penal, para que sea allí donde se defina si el agresor ha cometido delito.

 

[x] Ordinarización del proceso.-

Un aspecto de la práctica forense que consideramos debe revertirse, es la ordinarización del proceso judicial, que se traduce en la citación a audiencia a victima sobreviviente y denunciado con antelación a la resolución de adopción o no, de medidas protectoras.  Esto, sucede en la gran mayoría de los casos como una regla de costumbre, al punto tal que desde el propio poder judicial se las denomina ‘audiencias preliminares’.

No escapara al criterio de los Ministros que el proceso que instituye la ley es cautelar, y debe ceñirse a las normas procesales específicas que nuestro ordenamiento normativo instituye (Art.18 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay). Adoptar una estructura ordinaria para un proceso cautelar, no es ajustado a derecho, viola la inmediatez, celeridad y garantías previstas en la norma específica, y coloca -ilegitima e innecesariamente- a las victimas en una situación de  mayor vulnerabilidad. Entendemos que la naturaleza de la normativa procesal (indisponibilidad),  impide desconocerla  o disponer en cualquier forma de la misma, a todos los sujetos involucrados en el procedimiento.

En el mismo sentido nos manifestamos a la no convocatoria a audiencia evaluatoria en aquellos casos en los cuales se ha adoptado medida de protección.

 

[xi] Arbitraria inaplicabilidad de la norma por supuesta inconstitucionalidad.-

En la práctica forense es frecuente conocer que algunas de las decisiones por las cuales no se ordena el arresto del agresor  -ante el conocimiento de violación a las medidas cautelares-, obedece a que los Magistrados/as sostienen que la norma que dispone el arresto  seria inconstitucional.

Corresponde explicitar que más allá de entender constitucional o no, la disposición legal, resulta necesario analizar el hecho de que los Tribunales dejen de aplicar la norma sin la debida tramitación del proceso de inconstitucionalidad. Los Magistrados y Magistradas tienen el derecho de considerar inconstitucional una norma, pero no pueden en virtud de ello obviar su aplicación. En nuestro sistema la Suprema Corte de Justicia es el único órgano que se expide al respecto. Jueces y Juezas gozan de legitimación activa para solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso concreto. Solo pueden dejar de aplicar la norma, una vez que se haya pronunciado favorablemente la Suprema Corte de Justicia. Resulta indispensable que el máximo órgano del Poder Judicial explicite claramente que resulta arbitrario e ilegitimo la inaplicabilidad de la norma sin el debido proceso legal cuya competencia exclusiva detenta.

 

[xii] Modo de finalización de los asuntos.

Los derechos humanos son universales, irrenunciables e interdependientes y en su mérito no pueden ser objeto de transacción o negociación alguna. La naturaleza de los derechos fundamentales es explicitamente reconocida en la Ley N° 17.514 y se destaca el articulo N°1 que establece su carácter  de orden público.  Se ha detectado en la práctica forense el desconocimiento de la naturaleza de los derechos humanos de que se trata, en casos en los que se resuelve el archivo de los asuntos en merito a que la denunciante levanta la denuncia, denunciante o denunciado no concurren a audiencia o más grave aún en casos en los que se arriba a transacciones. Las hipótesis en que decisores/as homologuen acuerdos que refieren a derechos indisponibles, deriven a centros de mediación  o archiven expedientes por la circunstancia de incomparecencia a audiencia constituye en todos los casos una  vulneración a la naturaleza de los derechos garantizados por la normativa vigente y por tanto resulta indispensable que la Suprema Corte de Justicia revierta estas prácticas.